La red inmobiliaria armada por el matrimonio Enciso tiene -como desveló ayer IDEAL- dos referentes: Enciso y Aguilera y Gestora Ejidense. La primera con domicilio en el municipio y con el alcalde y su esposa como socios; y la segunda con sede en Madrid y en la que también participan...
El vicepresidente Manuel Chaves anuncia que el Gobierno acudirá a la Fiscalía si aprecia indicio de delito
Los planes anticrisis que las administraciones públicas aprobaron hace un año tenían una doble finalidad: crear puestos de trabajo y ayudar a las pequeñas empresas que estaban en apuros. De estos fondos llegaron al Ayuntamiento de El Ejido 13,8 millones desde el Gobierno central y otros 1,7 desde la Junta. En total, 15,5 millones para gastar en obras dentro del municipio.
Lo llamativo es que la tercera parte de ese dinero no se movió mucho y se quedó en la empresa mixta Elsur, el epicentro de la presunta trama corrupta destapada hace una semana. Una sociedad de la que el Ayuntamiento controla el 30% y donde ostentan cargos el propio alcalde, Juan Enciso, el interventor municipal, José Alemán, y una hija del regidor, entre otros. Una empresa cuyas ramificaciones terminan llegando a la postre a los principales imputados de la red.
Unas veces por procedimiento abierto y otras directamente de forma negociada, Elsur ganó cuatro de los diez proyectos del fondo estatal y dos de los cuatros del plan andaluz. Entre ellos, actuaciones tan suculentas como las nuevas gradas del campo de fútbol de Santa María del Águila, un contrato que supera los dos millones de euros. En total, Elsur tiene previsto recibir 4.279.611 euros del Estado y 536.031 de la Junta.
Un detalle que resalta es la cifra de puestos de trabajo que Elsur se compromete a mantener con estos seis proyectos: 244 empleos, de los que sólo 59 serán de nueva creación. El resto, se saca de la plantilla existente. Lo que no cuadra es que la empresa casi no cuenta con esos efectivos. Según el último depósito de cuentas disponible, Elsur tiene una media de 248 trabajadores, de los que 32 son administrativos. Con el resto tiene que asumir prácticamente todos las tareas de mantenimiento del municipio. Así que se antoja complicado que le queden recursos como para sacar 185 empleados que hagan los trabajos extras. ¿Subcontratas?
La polémica planeó ayer por el propio Congreso. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró que si se comprueba que hay un «mal empleo» de los fondos se pedirá su reintegro y si hay indicios de delito se llevará a la Fiscalía. Chaves señaló que, por el momento, el Ayuntamiento sólo ha justificado la finalización de uno de los 10 proyectos adjudicados.
