Rajoy fuerza a Campos a pedir la baja en el PP
por la imputación de Garzón.
El ex vicepresidente del Consell y actual vocal de la dirección del PP en Castelló, Víctor Campos, ha sido la primera víctima política valenciana por el caso Gürtel. El código ético obliga a poner el cargo a disposición del partido si hay indicios de comisión de delito.
Según confirmó ayer la dirección nacional del PP, todos los imputados por el juez Garzón que forman parte del partido "han pedido voluntariamente la suspensión de militancia". Esta afirmación señala directamente a Víctor Campos, puesto que el otro imputado valenciano, el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, no milita.
A Campos se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad, por aceptar trajes pagados por firmas de la trama corrupta.Lo cierto es que esa renuncia voluntaria de Campos es más bien una imposición de la dirección de Mariano Rajoy. Preguntado por este periódico, Campos opinó que la decisión era de la dirección regional, de lo que no se desprende la voluntad de abandonar el partido.
Precisamente, el viernes Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo, según recogía El Mundo. Por su parte, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, aseguró no saber nada del caso. Ante las dudas de Campos, fue la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, la que tomó ayer cartas en el asunto y le reclamó la baja temporal.Camps y Costa, respaldadosLa imposición al ex vicepresidente de abandonar el partido supone un castigo al más débil de los implicados valencianos.
Campos abandonó por sorpresa la política en abril de 2007, semanas antes de las elecciones autonómicas. Desde 2003 estuvo en elConsell junto a Francisco Camps. Víctor Campos, al que se consideraba el delfín de Carlos Fabra, fue repescado recientemente como vocal de la dirección provincial del PP.
Aun así, la suspensión de militancia aplicada por el PP sobre militantes afectados por presunta corrupción no siempre se ejecuta con los mismos criterios. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, nunca ha sido cuestionado en el partido, pese a su imputación por varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal.Mientras tanto, los otros valencianos implicados en el caso Gürtel, el jefe del Consell, Francisco Camps, y el portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, han recibido muestras de apoyo de la dirección. Su condición de aforados les excluye de esa norma impuesta en esta ocasión, que obliga a los implicados a pedir la baja.
Curiosamente, el código ético del PP dice que los cargos públicos deben ponerse a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
En este sentido, el auto del juez dice que los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas -Camps y Costa. "Si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas -en referencia a los trajes- al haber aparecido, después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción y en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal".
