Asociaciones de la más diversa procedencia se han unido en hoy en la III Convención de Movimientos Sociales de Madrid para defender una respuesta pública a los derechos a la salud, la educación, la vivienda, la cultura, el medio ambiente o la participación ciudadana. Seguir leyendo el arículo
También han acordado apoyar algunas causas concretas, como la del barrio valenciano de El Cabanyal, al que apoyarán con una concentración mañana a las 17.30 horas ante el Ministerio de Cultura; la lucha por el cierre de los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o las movilizaciones contra la "Ley Sinde".
Han decidido además sumarse a todas las acciones en defensa de la educación pública, especialmente, en el tramo de 0-3 años; apoyar las movilizaciones en defensa de la sanidad pública del 13 y 19 de mayo; vigilar la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Dependencia; y abrir asesorías sobre economía social y solidaria, entre otras iniciativas.
La convención ha reunido este fin de semana en un instituto madrileño, el San Isidro, a entidades tan diferentes como la Federación de asociaciones de vecinos de Madrid (FRAVM), la Ongd Acsur Las Segovias, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) o el Centro de Defensa de Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU).
También han participado Ecologistas en Acción, la Fapa Giner de los Ríos, Médicos del Mundo, la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (Ucmta), la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM), el Observatorio Metropolitano, la Asociación A Pie, Cáritas y CCOO-Madrid.
Tras los debates, los asistentes han hecho público un "manifiesto" en el que afirman que el marco de derechos ciudadanos "se ve continua y crecientemente cuestionado por la imposición de un modelo político que asume el mercado y sus dinámicas como principio único de realidad".
Un modelo, que consideran que ha echado raíces en toda España y particularmente en Madrid, "que entiende que las necesidades humanas no deben ser interpretadas en términos de derechos humanos, sino como canteras de negocio" y "que pone las necesidades de la economía privada, por delante de las personas".
En la actualidad, cuando "la crisis constituye la coartada perfecta para dar otra vuelta de tuerca" a esta forma de entender la cosa pública, los movimientos sociales de Madrid han decidido oponerse "de manera coordinada y con todos los medios democráticos" a su alcance al "recorte" de sus derechos y libertades ciudadanas.
Se han propuesto defender "la existencia y mejora de unos servicios públicos de gestión pública", denunciar la "vulneración de los derechos humanos de las personas, independientemente de su origen, procedencia o situación administrativa" y "reivindicar el acceso a la salud, educación, empleo, vivienda, cultura, medio ambiente y participación".
Quiere igualmente "denunciar públicamente los atropellos a los mencionados derechos así como las dinámicas discriminatorias de todo tipo que pudieran perpetrar los poderes políticos y económicos".
En ese empeño van a articular propuestas concretas alternativas, a desarrollar iniciativas para impulsar la movilización ciudadana en esa dirección, a llevar a los barrios el debate de las grandes operaciones urbanísticas (Chamartín y Campamento) y a desarrollar presupuestos participativos "desde abajo".
